Representantes del sector farmacéutico en Maracaibo denunciaron este jueves cinco de noviembre una serie de irregularidades procesales y la vulneración al derecho a la defensa en la sede del Poder Judicial, ubicada en la avenida El Milagro. Los afectados advierten que las acciones del tribunal que tiene la causa, buscan ejecutar el cierre de tres farmacias, una medida que pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 300 trabajadores y el abastecimiento de productos esenciales al consumidor habitual.
De acuerdo con la denuncia formulada por la abogada Jessudy Salazar, una de las representantes legales que lleva este caso, los afectados han acudido varias veces esta semana a la Sala Nacional Político-Administrativa para solicitar acceso a un expediente vinculado a una medida cautelar contra una cadena de farmacias en la ciudad, sin embargo, señalaron que se les ha negado de manera reiterada la revisión de las actas procesales.
En tal sentido, la abogada Salazar indicó que la recusación contra dos jueces "de gran peso" en la sede de Banco Mara fue ratificada, no obstante, aseguran que estas personas no se han desprendido del expediente ni han permitido el acceso de las partes, a pesar de que han acudido a la espera de una respuesta institucional.
Denuncia ante la Inspectoría Judicial en Caracas
Ante este panorama de presunta violación al derecho a la defensa y a un debido proceso, los afectados y sus abogados interpusieron una denuncia formal de manera virtual ante la sede principal de la Inspectoría Judicial en Caracas, pues el objetivo es que desde la capital del país se asigne un inspector que audite los tribunales en Maracaibo y verifique por qué se les está negando el acceso a los expedientes.
La abogada Jessudy Salazar sostiene que la medida cautelar en disputa pondría en riesgo la operatividad de tres farmacias, recalcando el impacto socioeconómico negativo que esto traería para las familias de los propietarios y de los más de 300 empleados que dependen de estas fuentes de trabajo.
Cuestionan anulación de permisos sanitarios
Uno de los puntos que más genera suspicacia entre los afectados, es que este proceso judicial busca anular un permiso sanitario que fue otorgado legalmente por la Contraloría Sanitaria tras cumplir con todas las inspecciones y requisitos de ley. La jurista expresó que le resulta insólito que un tribunal intente invalidar un documento emitido por un organismo público competente, utilizando argumentos de propiedad intelectual o de marcas comerciales que —según afirman— no tienen relación alguna con la salud pública.
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