Jesús Acosta Lizardo, el venezolano señalado de agredir físicamente a la empresaria María Quevedo dentro del establecimiento Rü Patisserie en la localidad de Usaquén, emitió una extensa declaración pública dividida en cinco entregas a través de sus redes sociales.
En su pronunciamiento, el acusado admitió el ataque, expresó su arrepentimiento, pero argumentó que su conducta obedeció a un estado de "estrés extremo" derivado de presuntos abusos laborales, impagos y complicaciones de salud no atendidas.
El comunicado se produce mientras la Fiscalía General de la Nación mantiene el proceso penal abierto para definir las responsabilidades y sanciones correspondientes tras la difusión de los videos de las cámaras de seguridad del local.
"Perdí el control": La versión sobre la agresión
En su descargo público, Acosta reconoció haber golpeado a Quevedo el pasado 23 de julio, asegurando que actuó de forma impulsiva al sentir que había llegado a un límite físico y emocional:
- Detonante e impagos: El acusado sostuvo que el altercado final ocurrió cuando solicitó un adelanto de sus seis días trabajados para cubrir sus pasajes y la propietaria le respondió que "si quería le pagaba el 30 y si no tampoco".
- Palabras durante el ataque: Manifestó que en medio de la agresión repetía la frase "Aprenda a respetar a la gente, señora", y afirmó que detuvo los golpes en cuanto la víctima se lo pidió.
- Sin intención de homicidio: Aseguró que nunca tuvo la intención de causar un daño fatal y que el hecho no responde a un patrón violento habitual en su conducta, definiéndolo como un episodio "excepcional".
Denuncias de explotación laboral
El imputado justificó su estado de alteración exponiendo las condiciones físicas y laborales bajo las que trabajaba en el establecimiento:
- Afección médica y falta de alimentos: Afirmó que padece diabetes y que el día de los hechos no había consumido alimentos ni tenía acceso a su tratamiento médico por falta de recursos económicos.
- Carga de trabajo e inestabilidad: Reveló que en solo dos semanas pasaron cinco empleados por la pastelería debido a supuestas humillaciones y cobros indebidos por parte de la propietaria. Agregó que debía realizar múltiples tareas, desde captar clientes en la calle hasta lavar platos y atender mesas, por extensas jornadas.
- Presión constante: Señaló que durante los días previos estuvo sometido a constantes llamadas de atención y presiones para que renunciara sin sus correspondientes prestaciones.
Rechazo a señalamientos de acoso y situación migratoria
En la parte final de su comunicado, Acosta negó tajantemente que haya existido un comportamiento inapropiado hacia su empleadora previo al hecho violento:
- Ausencia de acoso: Desmintió versiones sobre un presunto acoso verbal o físico, asegurando que siempre mantuvo una relación estrictamente laboral y de subordinación. Retó a que se presenten pruebas objetivas, como chats o grabaciones, al afirmar que no existen.
- Cumplimiento de medidas: Sostuvo que se encuentra cumpliendo con las medidas de la Fiscalía, que no se ha acercado al comercio y que aportó como elemento relevante un mensaje que habría recibido desde la cuenta de Instagram de la víctima tras salir de prisión.
- Llamado a las autoridades: Acosta cerró su mensaje pidiendo al Gobierno colombiano la reactivación de mecanismos de regularización (PPT) para la población migrante, señalando que la falta de estatus legal deja a muchos trabajadores vulnerables ante abusos laborales.
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