El presidente Gustavo Petro anunció que ordenó un bombardeo militar contra un campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un operativo ejecutado en coordinación directa con el gobierno de Venezuela.
"Dí la orden de bombardeo al campamento del ELN dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela", dijo el mandatario colombiano.
Petro advirtió de forma tajante que las organizaciones armadas que decidan mantener el control de economías ilícitas y rechacen los acuerdos para el desmonte de sus actividades criminales quedarán automáticamente excluidas de cualquier negociación de paz.
"Las organizaciones que mantengan su decisión de controlar total o parcialmente economías ilícitas y rechacen los acuerdos para iniciar su desmonte, no están en ningún acuerdo de paz", apuntó.
El mandatario desmintió de manera categórica las acusaciones sobre presuntos incumplimientos por parte del Estado, señalando directamente a la guerrilla de quebrar el proceso.
Según el jefe de Estado, el ELN destruyó la confianza de la nación al desatar una ola de muerte sistemática contra centenares de campesinos desarmados en la región del Catatumbo, hechos que calificó como crímenes de lesa humanidad.
La decisión de reactivar los bombardeos desató además un fuerte choque institucional con la Fiscalía General de la Nación. El presidente Petro criticó duramente a la jefa del ente investigador por intentar legitimar estas masacres bajo el argumento de que la violencia inició tras el asesinato previo de una familia cercana a la guerrilla.
El mandatario concluyó de forma contundente que nada justifica los crímenes contra la humanidad, cerrando la puerta a cualquier tipo de atenuante judicial para el grupo armado.
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