El Gobierno de México dio un giro drástico y sin precedentes en su estrategia diplomática al presentar formalmente una serie de denuncias penales en los Estados Unidos por las recurrentes muertes de ciudadanos mexicanos ocurridas bajo la custodia de agencias federales estadounidenses. La medida representa un quiebre en la tradicional respuesta basada únicamente en notas de protesta, elevando la tensión bilateral ante la reiteración de incidentes fatales vinculados a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Ante el creciente escrutinio, fuentes familiares con el caso confirmaron que la directiva de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) del ICE ordenó a sus agentes suspender en gran medida las paradas y detenciones de vehículos hasta nuevo aviso. La rama del ICE encargada de la captura y expulsión de inmigrantes indocumentados ha implementado esta pausa táctica con la instrucción de que, si deben ejecutar un arresto penal a un individuo dentro de un automóvil, colaboren obligatoriamente con fuerzas de seguridad asociadas para llevar a cabo el procedimiento.
Casos recientes: Confusiones y uso de fuerza letal en carreteras
El cambio drástico en las directrices operativas del ICE responde directamente a los dos tiroteos mortales ocurridos durante la última semana, los cuales se desencadenaron precisamente en medio de paradas vehiculares, un procedimiento al que la agencia federal recurría de manera frecuente para acelerar arrestos por motivos migratorios:
- El caso de Lorenzo Salgado en Texas: El pasado 7 de julio de 2026, en Houston, un contratista mexicano identificado como Lorenzo Salgado Araujo falleció tras recibir múltiples impactos de bala por parte de oficiales del ICE durante una parada vial. Reportes posteriores del New York Times y Univision revelaron que Salgado ni siquiera era el objetivo de la investigación, confirmando que fue víctima de una mortal confusión de identidad por parte de los agentes federales.
- Tiroteo fatal en Maine: Apenas unos días después, el 13 de julio de 2026, activistas comunitarios y medios locales confirmaron la muerte de un joven inmigrante colombiano de 26 años en el estado de Maine. El ciudadano perdió la vida tras ser baleado en circunstancias bajo investigación por oficiales de la misma división durante una detención en la vía pública. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha argumentado legítima defensa, mientras que la comunidad organizada denuncia falta de transparencia.
Exigencia de reformas estructurales y rendición de cuentas
Las denuncias penales interpuestas por México pretenden obligar a los tribunales civiles y dependencias federales de EEUU a entregar informes forenses completos, grabaciones de cámaras corporales y testimonios directos sin los filtros internos de las agencias migratorias. El gobierno denunciante sostiene que la inmunidad calificada de la que suelen gozar los oficiales de frontera no puede amparar violaciones flagrantes al derecho a la vida ni errores de procedimiento que devienen en homicidios.
Esta medida judicial sienta un precedente restrictivo para la cooperación en materia de control fronterizo mutuo. Diversas delegaciones consulares de América Latina evalúan sumarse a la petición de mecanismos de veeduría externa, argumentando que la actual crisis de seguridad dentro del sistema de detención estadounidense requiere una reforma estructural urgente y la erradicación de tácticas que pongan en peligro la vida de civiles.
Luis Miguel Flores
Con información de Reuters/NyTimes/Elpais/Univisión
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