El Gobierno ha venido entregando campos petroleros mediante asignaciones directas, sin licitación. El caso del Bloque Bare, en la Faja Petrolífera del Orinoco, constituye la prueba más contundente del costo de esa práctica: la República dejó de percibir entre 400 y 515 millones de dólares al adjudicar el contrato a un intermediario que, en cuestión de días, lo transfirió al operador real a cambio de acciones valoradas en ese monto. Así lo advirtió el ingeniero Elías Matta, exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en energía.
Recordó Matta que el 4 de septiembre, en Miraflores, PDVSA suscribió un Contrato de Participación Productiva (CPP) por 25 años sobre el Bloque Bare con una empresa del Grupo Gilinski. Dos días antes, la petrolera GeoPark ya había anunciado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que compraría la sociedad titular de ese contrato mediante el pago con 42,1 millones de acciones nuevas, valoradas en unos 515 millones de dólares. Según informó Bloomberg el 9 de octubre, el traspaso se acordó horas después de la firma del contrato. Con la operación, el Grupo Gilinski pasará a controlar el 56,3 % de GeoPark.
“El Estado entregó gratis un derecho que, días después, un privado vendió por más de 500 millones de dólares. Ese dinero era el valor de acceder a un campo de la Faja, y ese valor les pertenece a los venezolanos, no a quien consigue la firma”.
Un patrón, no un caso aislado
Así mismo indicó, que desde 2024, el Gobierno ha asignado campos petroleros mediante Contratos de Participación Productiva, sin procesos competitivos. Hasta enero de 2026, PDVSA había firmado 29 contratos de este tipo sin identificar públicamente a las empresas beneficiadas.
Destacó que la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en enero de 2026, consolidó esa práctica: excluyó estos contratos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas (artículo 40) y eliminó la exigencia de aprobación por parte de la Asamblea Nacional.
“Lo de Bare no es un accidente, sino la consecuencia de un método. Cuando los campos se reparten a dedo, el valor no lo captura el país, sino quien tiene acceso al poder. Bare es la primera vez que ese valor queda a la vista, porque una empresa que cotiza en Nueva York tuvo que revelar cuánto pagó”.
Lo que una licitación habría permitido cobrar
Matta explicó que el monto pagado por GeoPark constituye la mejor evidencia del valor del acceso a Bare. La propia empresa sostiene que, incluso después de pagar ese precio, la operación genera unos 160 millones de dólares en valor inmediato para sus accionistas.
Agregó que en un proceso competitivo, esa renta se habría disputado entre los oferentes y podría haber beneficiado a la República mediante un bono de firma, una mayor participación del Estado en la producción o un porcentaje más alto por el uso del área. Esta última figura está contemplada en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que deja su determinación a lo que se establezca en cada contrato.
«Si había una empresa dispuesta a pagar cientos de millones por operar Bare, la pregunta es por qué el Estado no cobró ese monto. Con una licitación, o contratando directamente con el operador real y exigiéndole una contraprestación, ese dinero estaría hoy en las cuentas de la República y no en las de un intermediario».
El experto precisó que el cálculo debe hacerse con prudencia: valoradas a precio de mercado, las acciones equivalen a unos 407 millones de dólares, y un pago en efectivo probablemente habría sido menor o se habría diferido. «Pero el hecho central no cambia: alguien pagó cientos de millones por el acceso a un recurso de la Nación y no le pagó ese dinero al Estado», afirmó.
Sin control sobre el traspaso
El traspaso se estructuró mediante la compra de una sociedad panameña, Energy Assets International S. A., de modo que la contratista venezolana conserva a sus accionistas directos. Matta advierte que este mecanismo podría eludir la autorización ministerial exigida por el artículo 25 de la Ley y el artículo 10 de su Reglamento para la cesión de derechos y participaciones accionarias.
Además, el artículo 14 del Reglamento obliga al Ministerio a evaluar la idoneidad, la capacidad técnica y la experiencia mínima de la empresa solicitante. “La empresa que firmó no tenía trayectoria petrolera conocida y nunca iba a operar el campo. O el Ministerio explica con qué experiencia la declaró idónea o reconoce que contrató con quien no iba a operar”, señaló
Exigencias
La operación aún no se ha cerrado: depende de aprobaciones regulatorias y de sanciones cuyo plazo vence a finales de diciembre. El ingeniero Elías Matta exige al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y a PDVSA que adopten las siguientes medidas:
- No autorizar el cambio de control a favor de GeoPark mientras la República no reciba una contraprestación equivalente al valor del traspaso, ya sea mediante una ventaja especial o una mayor participación en el contrato.
- Publicar el texto íntegro del contrato del Bloque Bare, sus condiciones fiscales y la evaluación de idoneidad de la empresa firmante.
- Informar si se solicitó y otorgó la autorización de cesión exigida por el artículo 25 de la Ley y el artículo 10 de su Reglamento.
- Publicar la lista completa de los contratos de participación productiva firmados desde 2024, con la identificación de las empresas beneficiarias y las condiciones de cada contrato.
- Suspender las asignaciones directas y adjudicar, en lo sucesivo, los campos petroleros mediante licitaciones competitivas y transparentes.
- "Todavía hay tiempo de corregir. Si no se hace, Bare quedará como el precedente de que, en la nueva apertura petrolera, el mayor beneficio de un campo de la Faja no lo obtiene ni el Estado ni el operador, sino quien consigue la firma", concluyó Matta.
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