En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión el proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, un instrumento normativo diseñado para actualizar el marco regulatorio del sector, adecuarlo a las nuevas tecnologías y fortalecer la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en coordinación con el sector productivo e industrial.
La nueva legislación ratifica que el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica se mantendrá como el órgano rector de las políticas públicas y normativas del sector, mientras que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) continuará desempeñando su rol como la empresa pública operadora del Estado encargada de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía.
Dentro de los aspectos fundamentales aprobados se ratifica la declaratoria de utilidad pública e interés social sobre todas las obras, bienes e infraestructura directamente vinculados a la prestación del servicio eléctrico en el territorio nacional. Asimismo, por razones estratégicas de seguridad y soberanía nacional, el Estado venezolano se reserva el dominio exclusivo de la generación hidroeléctrica en la cuenca del río Caroní, así como de las centrales de generación existentes con capacidad superior a un megavatio (1 MW), garantizando el control estratégico estatal sobre los nodos troncales del sistema
Entre las modificaciones sancionadas destaca la redacción del Artículo 8, mediante el cual se faculta al Ejecutivo nacional, a través de los órganos competentes, para promover la transacción y dinamización de recursos en el ámbito del sistema eléctrico. Esta disposición busca afianzar alianzas tecnológicas, industriales y operativas bajo las condiciones específicas que establezca el Estado, abriendo el camino a la participación de capitales privados y sectores productivos en esquemas de inversión, cogeneración y mantenimiento de la infraestructura eléctrica nacional.
La reforma legislativa responde a las directrices de modernización del SEN orientadas a optimizar la eficiencia operativa, elevar los niveles de generación y distribución de energía, y consolidar un esquema de soberanía energética articulado con el desarrollo económico sostenible del país.
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